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El absurdo costo de la cicatriz

Lograron que la prensa les vuelva a poner el viejo mote de Cámara de la Vergüenza. Los 42 diputados que se mantuvieron en la sanción a Celeste Amarilla por la “inconducta” de opinar, hicieron que la Operación Cicatriz pasara sin rasguñarse su primera prueba. No tuvieron empacho en sostener una absurda violación constitucional, con tal de hacer valer el pacto de unidad entre Horacio Cartes y Mario Abdo.

El primero de ellos acrecienta un poder impresionante al que solo le falta el dominio de la Cámara de Senadores. El segundo, transita el triste derrotero del político obligado a pisar sus grandilocuentes promesas.

Ya no se trata de la lejana y hoy ridícula frase “caiga quien caiga”, sino de la más reciente “sobre el coloradismo está primero la nación paraguaya”, dicha con vehemencia en marzo pasado cuando fue consultado sobre el precio de la dichosa cicatriz.

Quienes todavía no advierten la gravedad del daño institucional deberían enterarse de que el Colegio de Abogados del Paraguay lo calificó como “un acto inconstitucional y peligroso, además de un golpe artero a la libertad de expresión”.

Y debe serlo, sin duda, pues motivó un mensaje en redes sociales de la habitualmente lacónica Embajada de Estados Unidos. Su encargado de negocios, Joe Salazar, escribió que “la libertad de expresar ideas es la base de la democracia”, añadiendo: “Respondamos a las opiniones con ideas y el debido proceso”.

Tampoco los obispos suelen opinar públicamente sobre asuntos políticos. Esta vez, la Conferencia Episcopal Paraguaya no usó metáforas y alertó sobre un quebrantamiento del estado de derecho en Paraguay, sosteniendo que “la corrupción en la cual caen los diputados es una de las más graves deformaciones del sistema democrático”.

Y es aún más insólito que una Cámara llame la atención a la otra. Suele existir una autonomía entre ambas, pero la irresponsabilidad de Diputados motivó una declaración de Senadores instándola a rectificar una medida atentatoria a “la necesidad del legislador de controlar, interpelar y disentir libremente con el Ejecutivo, con otros colegas parlamentarios o cualquier autoridad del Estado evitando represalias”.

Esta tormenta de críticas no inmuta a estos diputados. No es a ellas a las que temen. Solo se asustan cuando ven gente furiosa en las calles o cuando sienten cercana la posibilidad de perder votos. La pandemia y una masoquista vocación de sumisión alejan la primera opción. En cuanto a la segunda, es más difícil de explicar. Yo, al menos, llevo años preguntándome por qué la gente vota a estos carruajes que empeoran su calidad de vida, sin encontrar respuesta.

Fiel al bajísimo nivel de argumentación con el que todo este tema fue tratado, el presidente de Diputados, Pedro Alliana, respondió a los cuestionamientos de los senadores como un mitã’i pichado. Dijo algo así como “qué lo que ustedes van a decir si tienen dos senadores mau y tienen colegas que apoyan la invasión de propiedades privadas”.

Y, enseguida, se dedicó a algo más práctico: idear la forma de que el cartismo se quede con la banca que dejó por dos meses la diputada Amarilla y que debería ser ocupada por su suplente, el concejal Augusto Wagner. Alliana anunció que le exigirá la renuncia –y no un permiso de la Junta Municipal– para tomarle juramento y lo emplazó a presentarse en la próxima sesión. Todo el procedimiento es apresurado y desordenado.

Se llevan por delante el reglamento interno, pero eso es lo de menos teniendo en cuenta que no respetaron la propia Constitución Nacional.

Esto generará una discusión pequeña, pero suficiente como para que vaya olvidándose el escándalo mayor, el que no debe ser olvidado. La profunda herida a la República causada por los diputados colorados en aras de la Operación Cicatriz.