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Alegan que abogados de Julia Keleher tienen conflicto de interés

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La fiscalía federal solicitó al juez Pedro Delgado la celebración de una vista “lo antes posible” para determinar si la abogada de la extitular de Educación Julia Keleher, María Domínguez y su equipo de trabajo tienen conflicto de interés al haber representado a múltiples testigos relacionados a este caso y a quienes el ministerio público tiene la intención de citar para testificar durante el juicio.

El fiscal José Capó planteó en una moción que mientras trabajaron en el bufete McConnell Valdés, Domínguez y su colega Javier Micheo, fungieron como representantes legales del Banco Popular, la “Compañía C” -no identificada- y el “Individuo K -no identificado.

Expone que durante la pesquisa del caso, el gobierno emitió varios “subpoenas” a la referida institución bancaria sobre la “Compañía C” en la que trabajaba el “Individuo K”. Precisó que a la “Compañía C”, se le requirieron contratos o acuerdos con el excontratista de la firma financiera BDO Alberto Velázquez Piñol, quien es otro de los acusados en este caso.

Menciona que tras el “subpoena” emitido al Banco Popular, Domínguez le envió un correo electrónico a la fiscalía el pasado 21 de febrero en el que notificó que representaba a esa institución financiera. Indica que siete días después de la publicación de la citación del gran jurado, Domínguez envió otro correo electrónico informando que iba a ser la abogada de Keleher.

Al mes siguiente, el ministerio público recibió múltiples correos electrónicos de Domínguez en los que anunció que representaba al “Individuo K” con relación al gran jurado y a la “Compañía C”.

Comenta que McConnel Valdés anunció que el Banco Popular y Oriental Bank & Trust eran unos de sus clientes.

Observó que el 20 de septiembre Domínguez y Micheo renunciaron a McConnell Valdés.

“A pesar de su disociación de McConnell Valdés, LLC, Domínguez y Micheo continúan manteniendo un deber fiduciario con Keleher, la Compañía C, el Individuo K, Banco Popular y Oriental Bank & Trust“, reza la moción.

Afirma que el dilema que Domínguez y Micheo tendrían si la corte les permite permanecer como abogados de Keleher, es que en el juicio tendrán que interrogar a sus propios clientes, actuales o anteriores, a quienes representó en asuntos directamente relacionados con este caso y a quienes deben un deber fiduciario.

Expone que la Regla 1.9 de las Reglas de Conducta Profesional establecen que “un abogado que haya representado anteriormente a un cliente en un asunto no representará a otra persona en el mismo asunto sustancialmente relacionado en el cual los intereses de esa persona son materialmente adversos a los intereses del cliente anterior a menos que el cliente anterior de su consentimiento informado y confirmado por escrito”.

“A la luz de la información que el gobierno ha traído a la atención de la Corte, la Corte tiene el deber de investigar las circunstancias y determinar si el acusado puede recibir un juicio justo con asistencia efectiva de un abogado. Esta investigación debería obligar a la corte a concluir que preservar el derecho de la Sexta Enmienda de Keleher a la asistencia efectiva de un abogado requiere la descalificación de Domínguez y Micheo de representarla en este caso. Es más, el gobierno respetuosamente sostiene que la corte debería llevar a cabo la investigación lo antes posible. Esto evitaría la necesidad de un nuevo abogado después de una apelación o un ataque colateral contra una condena, evitaría la posibilidad de demoras innecesarias y promovería el uso eficiente de los recursos de la corte y del gobierno”, señala la moción.

El juicio contra Keleher fue señalado para el 4 de mayo de 2020. Esta fue acusada junto a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Angie Avila, Velázquez Piñol y las hermanas Glenda y Mayra Ponce por participar en un esquema de fraude de $15.5 millones.

De acuerdo a la acusación, el esquema de fraude de contratos fueron ascendentes a $15.5 millones; $13 en el DE y $2.5 millones en ASES.